Mitos y verdades de la Ley de Pago a 30 días

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La factura en Chile es un documento tributario o comercial que valida la compraventa de un bien o servicio. Por una parte, identifica al comprador e indica el detalle de lo que se está comercializando y, por otra, señala el precio unitario, el valor total, el plazo y forma de pago.

Si bien se trata de un documento que tiene amplia validez fiscal, por años ha funcionado sin una regulación que oficialice su fecha de pago, aunque nominalmente se establecen 60 días de plazo como máximo y, en algunas empresas, los plazos se extienden hasta 180 días después de efectuar la transacción. 

Debido a ello, el gobierno trabajó para estimular la competencia de las PYMES ante la industria y formuló la Ley de Pago a 30 días, la cual establece que los deudores deben pagar durante ese plazo máximo a las pequeñas y medianas empresas.

¿Es la ley una solución real para las PYMES?

Sin duda, esta ley constituye una larga lucha del mundo de las pequeñas y medianas empresas para hacer más justa la participación en el mercado, sin embargo, genera efectos que deben mirarse con cautela pues, a causa de la gradualidad en su implementación, no entrega soluciones inmediatas.

 Su entrada en vigor comenzó sólo al cuarto mes de su promulgación (abril-mayo de 2019), estableciendo una puesta en marcha por fases. Actualmente, rige un plazo obligatorio de 60 días porque el plazo a 30 días comienza a ser exigido desde el 1 de abril del 2020.

La ley también da un espacio para excepciones a la fecha de saldo, siempre y cuando exista acuerdo entre las partes. Este convenio debe quedar por escrito y ser presentado ante el Ministerio de Economía, instancia que lleva un Registro de Acuerdos con Plazo Excepcional de Pago. 

Asimismo, las entidades gubernamentales pueden extender el plazo si llegarán a requerir más tiempo para pagarle a las empresas. De esta manera, el sector público tiene 60 días para realizar los pagos solo en casos de contratación directa, licitaciones o cuando llegue a necesitarlo y lo justifique. 

Toda relación comercial entre empresas nacionales, que no califique para estas excepciones, debe orientarse estrictamente por la Ley de Pago a 30 días.

¿Cómo y cuándo realmente beneficia la ley?

A partir de abril de 2020, las PYMES tendrán todo el derecho de exigir el pago de sus facturas en no más de 30 días. Con ello, podrán obtener el dinero de esas ventas y utilizarlo para las operaciones de la empresa, mejorar sus procesos e invertir pensando en estimular su crecimiento.

Esto es una gran ventaja pues, una vez que el plazo de pago finaliza, es posible comenzar un proceso legal ante el cliente moroso el cual debe pagar intereses a partir del primer día de atraso, además de una comisión fija equivalente al 1% de lo adeudado.

 Para evitar llegar a este punto, existe una clase de financiamiento que puede ser aprovechada por las PYMES. El proceso consiste en ceder la factura a una empresa de factoring, la cual pagará, al instante, el importe de la deuda del cliente y se encargará de cobrarle. A esta alternativa se le conoce como factoring y es utilizada por muchas empresas porque es una manera de obtener el dinero de las facturas, de forma rápida y sin tener que preocuparse por cobrarle al cliente.

Definitivamente, hacer uso del factoring garantiza el pago de la factura dentro de plazos mucho más cercanos que los de la ley, razón por la cual las PYMES deberían considerar implementar este sistema dentro de sus operaciones financieras.